4 de mayo 2021
Opinión
El despliegue que ha comenzado en nuestro país de la tecnología 5G, o quinta generación de tecnologías de telefonía móvil, aumentará la velocidad de nuestras conexiones inalámbricas, reducirá al mínimo la latencia (el tiempo de respuesta de la web) y multiplicará exponencialmente el número de dispositivos conectados. En palabras simples, estaremos conectados a todo, todo el día y en el menor tiempo posible. Por ejemplo, en el hogar con la domótica conocida como tecnologías "smart home" que nos permiten estar conectados a todos los aparatos del hogar como radios, televisores, luces, cámaras, lavadoras o refrigeradores, entre otras cosas.
Teniendo el 5G como el nuevo estándar de comunicaciones -requiriendo se actualicen muchos de los teléfonos móviles que en Chile llegan a 26 millones- se debe considerar que si ya existían riesgos de ciberseguridad antes de la pandemia y con pocos dispositivos conectados, después de la crisis sanitaria esto aumentará exponencialmente, sobre todo, considerando el incremento del teletrabajo en las empresas nacionales de instituciones, que llegó para quedarse.
De acuerdo con el estudio "Factibilidad y determinantes del teletrabajo a nivel de ocupaciones en Chile" del Sence de la RM, el 25,6% de los ocupados totales se desempeña en labores que se pueden mantener de manera remota, lo que representa casi 2 millones de personas. Además, el 75% de las empresas dice que mantendrá alguna versión de esta modalidad tras la pandemia, según un sondeo realizado por Randstad a más de 400 firmas.
Esta quinta generación de telecomunicaciones generará muchas oportunidades en nuestro país, por lo que es importante que la infraestructura crítica de las empresas de telecomunicaciones esté resguardada no sólo física y digitalmente, sino además con la legislación adecuada, y que las personas conozcan los riesgos al estar más conectados y dependientes de Internet.
Es prioritario en este nuevo escenario de amplitud y dependencia digital la protección de los datos personales y la generación de la confianza digital. Para esto último, se están tramitando dos proyectos relacionados con la seguridad informática que conforman un gran sistema nacional de ciberseguridad: La ley de delitos informáticos, y la ley que protege los datos personales. Además, se propone crear una Agencia Nacional de Protección de Datos, que será una entidad que fiscalizará el cuidado de la información, como también la fundación del Instituto Nacional de Ciberseguridad -Inciber- basado en la Región de Valparaíso.
En esta misma línea, es necesario seguir enfatizando que las personas tomen más conciencia (mayor educación y cultura) de los peligros que se generan al estar más expuestos a las redes digitales, ya que la mayoría de los ciberataques ocurren por responsabilidad de los usuarios. Según reportes y estudios de IBM y consultoras internacionales, más del 90% de los incidentes de ciberseguridad se producen por un error humano.
Por último, en el contexto de una quinta generación de tecnologías de telefonía móvil es imprescindible la construcción de una sólida confianza digital que permitirá generar certeza jurídica de los actos digitales del Estado, de las personas (naturales y jurídicas) e incluso de los dispositivos conectados a la red. Así, los ciudadanos podrán desenvolverse en su vida diaria con una identidad digital robusta, lo que ha quedado demostrado con la pandemia y la clave única que ha permitido a las personas interactuar con todos los servicios y aparatos públicos que existen en la plataforma de ChileAtiende, utilizar la Comisaría Virtual y solicitar las ayudas del Estado como los diferentes bonos y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Simplificando esto y agilizando y asegurando los procesos se podrá garantizar un nuevo derecho constitucional: "El del relacionamiento digital del ciudadano con el Estado".
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Vía www.cooperativa.cl