La iniciativa, que busca modernizar y fortalecer la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), fue aprobada tras resolver las discrepancias entre el Senado y la Cámara. El proyecto establece nuevos mecanismos de control, planificación estratégica y un estatuto especial para los funcionarios.
Un hito legislativo se concretó durante la jornada de hoy luego de que la Comisión Mixta de Inteligencia lograra un acuerdo sustantivo para despachar el proyecto de ley que crea el nuevo Sistema de Inteligencia del Estado. La iniciativa, que llevaba siete años de compleja tramitación, resolvió las discrepancias entre ambas cámaras y quedó lista para ser votada, primero en el Senado y posteriormente en la Cámara de Diputados.
El proyecto, que tuvo sus orígenes en el Senado sin lograr consensos profundos en su etapa inicial, fue destrabado gracias al trabajo técnico de la Comisión de Defensa de la Cámara y la Comisión Mixta, que visitó y analizó modelos internacionales, específicamente el español, para adaptar la legislación. Finalmente, en la comisión mixta se aprobaron los 50 artículos permanentes, las modificaciones a otros cuerpos legales y siete artículos transitorios.
Al respecto, el Senador Kenneth Pugh, quien desde la Comisión de Defensa ha impulsado por estos siete años la Ley, valoró el consenso político alcanzado a un mes del cierre del año legislativo: "Finalmente, la Comisión Mixta, constituida entre la Cámara de Diputados y el Senado, fue capaz de acordar los textos trabajados con el Ejecutivo, aprobando por gran mayoría los 50 artículos, más los artículos que modifican leyes, y los siete transitorios, y así poder presentar a ambas salas este proyecto de ley con un acuerdo político sustantivo".
Fortalecimiento de la ANI y Planificación
En lo medular, el proyecto fortalece la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), manteniendo su nombre pero dotándola de nuevas capacidades. Se establece un estatuto especial para el personal, permitiendo reclutar capital humano especializado dedicado exclusivamente a estas labores. Además, el Director de la Agencia y los funcionarios en comisión de servicio serán nombrados por períodos de cinco años.
Una de las principales novedades es la creación de tres instrumentos de planificación clave para la transparencia y eficacia del sistema, el primero es la Política Nacional de Inteligencia del Estado, que será de carácter público. En segundo lugar está la Directiva Anual, que será de carácter secreto, para orientar los esfuerzos de inteligencia para satisfacer los requerimientos del presidente. Y por último el Plan de Desarrollo de Capacidades de Inteligencia, que será secreto y tendrá una proyección a cinco años.
Para garantizar el correcto uso de las facultades y recursos, el nuevo sistema establece un robusto esquema de cuatro controles que fueron explicados por Pugh: “Se fijan los mecanismos de control, el control político ejercido por un consejo interministerial, donde cuatro ministros, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el ministro de Seguridad, y el ministro de Relaciones Públicas, verifican los instrumentos de planificación, su cumplimiento, y le proponen al presidente la directiva anual. El segundo es el mecanismo de control que ejerce la Contraloría, específicamente sobre los gastos reservados. El mayor activo de la agencia de inteligencia es precisamente el secreto, y debe disponer de recursos y capacidades de cobertura para permitir que las operaciones sean seguras”.
“El tercer control es el legislativo que ejerce la Fiscalización, la comisión de control del sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara de Diputados. Esta comisión fiscalizará el correcto cumplimiento y el empleo de los recursos de acuerdo a los objetivos definidos al sistema. Se informará de los planes, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado. Y finalmente, el control judicial. Se requerirá de una autorización por un ministro de la Corte Suprema para efectuar las medidas intrusivas para así garantizar que los derechos de las personas sean respetados y se puedan realizar aquellas operaciones necesarias para obtener información que no fue posible obtener por fuertes abiertas”, detalló.
El proyecto además define nuevos estándares éticos, incluyendo controles de consumo de psicotrópicos y declaraciones de patrimonio e intereses. También crea nuevos delitos para evitar el mal uso del aparato estatal. Según explicó Pugh, uno de los grandes logros fue "definir ciertos delitos nuevos, como el empleo de este sistema de inteligencia para hacer uso político", refiriéndose a la prohibición de utilizar estas herramientas para fines ajenos a la seguridad del Estado.
Fuente: Equipo de Prensa Senador Kenneth Pugh
