Araucanía y Poder Judicial
La delicadísima situación que se vive en la llamada macrozona sur de nuestro país no sólo es asunto de violencia, policías o leyes más o menos oportunas: es un asunto sistémico, que incluye una compleja tríada entre demandas políticas, usurpación de tierras y narcotráfico.
Ejercer en este entorno funciones que la Constitución o la ley encomiendan al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del Ministerio Público, Carabineros y PDI, no resulta algo trivial, más aún para instituciones que no están habituadas a lidiar contra el miedo, la amenaza o eventuales infiltraciones o chantajes. En este sentido, nos parece que la institución más expuesta y vulnerable es el Poder Judicial. Basta observar las actuaciones judiciales más notorias de los últimos tiempos para llegar a la conclusión que, si la Corte Suprema quiere lograr éxito en su función de hacer justicia en este territorio, debe implementar medidas que escapan a lo habitual.
Revisemos algunos ejemplos: a) caso de Juan Pierce, funcionario del Poder Judicial en la Araucanía, en cuyo domicilio se encontraron diversas armas, incluyendo un fusil de guerra, explosivos y municiones. Hubo varios jueces que se inhabilitaron para resolver la solicitud de la Fiscalía de realizar allanamiento y registro a su casa; b) caso del denominado werkén Jorge Huenchullán, quien estando prófugo en causa de drogas y con orden de detención vigente, fue detenido en un hospital. La Corte de Apelaciones de Temuco resolvió no dejarlo con prisión preventiva, y en cambio lo citó para una formalización posterior, a la que —como era de esperarse— no llegó; c) caso del velorio del guerrillero de la CAM Pablo Marchant. Fue imposible lograr que los jueces de garantía autorizaran las peticiones de la Fiscalía para requisar armas y detener a sus portadores; y d) Operativo de la PDI en Temucuicui para detener a Huenchullán. Este operativo fue un fracaso, pues la orden otorgada por el Tribunal sólo permitía su detención, pero no el allanamiento de su casa con facultades amplias. O sea, sólo podían aprehenderlo si él se entregaba. Demás está decir que era impracticable lograr éxito en esa detención bajo las condiciones impuestas por el juez.
Los casos anteriores dan cuenta de un Poder Judicial que, en La Araucanía y el resto de la macrozona sur, pareciera dictar resoluciones condicionado por el temor. Y no lo decimos nosotros: un informe del mismo Poder Judicial reconoce que hay miedo en los funcionarios judiciales, y es así como una reciente resolución de la Corte Suprema autoriza a los tribunales amenazados a mantener el trabajo telemático, pide resguardos necesarios para evitar nuevos ataques como el sufrido por un tribunal en Cañete, y evalúa la entrega de un bono por zona de riesgo.
El Estado de Derecho está debilitado hasta un punto crítico en la macrozona sur. Necesitamos un compromiso firme y seguro de todas las instituciones públicas, y por cierto, del Poder Judicial, en todos sus niveles. Si la Corte Suprema estima que debe contar con herramientas procesales o tipos penales hoy inexistentes, debería hacerlo saber al Ejecutivo o al Legislativo a través de los medios que estime idóneos. Derrotar la violencia y el narcotráfico es tarea de todos, y nadie se puede restar.
Rodrigo Galilea V.; Carmen Gloria Aravena A.; Juan Castro P.;
Francisco Chahuán C.; José Garcia R.; Rafael Prohrns E.; Kenneth Pugh O.
Senadores Renovación Nacional
Medio: El Mercurio
