La crisis hídrica generada a partir de la sequía que enfrenta nuestro país ha originado una serie de medidas por parte de las autoridades, siendo una de ellas la utilización de camiones aljibes para abastecer de agua potable a zonas que presentan interrupciones en el suministro o que, lisa y llanamente, no cuentan con el vital elemento.
A cargo de esta situación está la Subsecretaría del Interior que, según da cuenta un reportaje de radio Biobío, desde el año 2010 a la fecha ha venido aumentando su gasto en relación al tema, pasando de los $1.636 millones durante el año 2010 a los $48.109 gastados el 2021. En ese sentido, se informó que el gran salto vino entre el 2012 y el 2015, pasando de $11.429 millones a $46.324 millones, lo que coincide con la declaración de emergencia agrícola en más de la mitad de las comunas del país.
Pero considerando que el panorama no se ve nada auspicioso para este año, se espera que las cifras vayan en aumento durante este 2022. Al menos así se desprende de las cifras de los primeros meses: hasta el 17 de febrero se gastaron $9.720 millones en la utilización de los camiones aljibes, vale decir un 20% más que el 2021 y 85% más que el 2012.
Tras conocer las cifras entregadas por la Subsecretaría del Interior, el senador por la región de Valparaíso, Kenneth Pugh (IND-RN), anunció una iniciativa que permita trazar el agua con que son llenados los camiones aljibes, además de hacer un seguimiento a la operatividad de las flotas, algunas arrendadas por municipios y otras por particulares, con el objetivo de llevar agua a los lugares que no cuentan con ella.
"¿Son llenados de grifos? ¿Cómo se informa el origen del agua de estos camiones?, ¿Quién fiscaliza la calidad del agua repartida?". Se pregunta el parlamentario de Chile Vamos, enfocando sus cuestionamientos en la certificación de estas máquinas y si son realmente aptas para trasladar agua potable a las poblaciones que la necesitan.
En ese sentido, Pugh dijo que "los camiones aljibes que están diseñados como una solución de emergencia para surtir de agua a la población han pasado a ser una solución permanente y que, sin duda, esconde un tremendo negocio. Es inaceptable que se esté lucrando con el agua. Por ello es urgente crear un sistema de gestión para el caso de los aljibes que sean financiados con fondos públicos, y un sello de calidad de agua".
En base a esta tesis que plantea el legislador, pone como ejemplo a dos comunas de la región de Valparaíso: en primer lugar, a El Tabo, donde según dijo, un camión repartidor vende en $10.000 los mil litros de agua; y en segundo lugar, a Petorca, donde el precio del metro cúbico (m3) varía entre los $2.500 y los $17.000.
"Es decir, negocio redondo ante una situación de sequía que se está incrementando. Por ello, es urgente trazar el agua, cambiar la cultura en el uso el agua y modernizar los sistemas de acuíferos de embalses y, al mismo tiempo, acelerar la construcción de plantas desaladoras", expuso Pugh.
Además, puso como ejemplo a la Gobernación Provincial de Petorca, de la que indicó que entre 2012 y 2018 compró agua potable y su proceso de distribución a través de camiones aljibe, por un valor total de $8.754 millones ($8.754.121.511). "Es urgente que se aborde esta situación", agregó.
El Senador por la región de Valparaíso sostuvo que "debe haber una fiscalización efectiva, con registro de entrega, que debería integrar el control del Servicio de Impuestos Interno (SII), pues se está vendiendo el producto al usuario final; monitoreo remoto de los camiones a través de GPS, que permita verificar su trayectoria y así poder controlar, por ejemplo, cargas o descargas fraudulentas".
Y cerró diciendo que "tenemos la tecnología para hacer una eficiente fiscalización, que le asegure al Estado y a los vecinos que el agua que se reparte y se vende es potable y que tiene un origen formal".
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Fuente: PURANOTICIA
